Y siguen las presiones, por el Arq. Eduardo Layús

En su poema Herencia pa´ un hijo gaucho", José Larralde dice: "No entiendo porque ha de haber tanta cosa que no entiendo. Porque se vive sabiendo que nunca se ha de saber.”

Los Colegios profesionales junto al Centro de Constructores, en conferencia de prensa reproducida al final de ésta, proponen y le exigen al gobierno municipal siete medidas urgentes para mejorar los mecanismos de aprobación de los expedientes de construcción. Entre éstos, según mi interpretación, se filtran otros objetivos, para nada gremiales.

¿Por qué lo hacen? ¿Responden a otros intereses, o son funcionales a ellos?

Puntos 1 y 6: proponen que los expedientes se inicien sin el control de deudas de los titulares de dominio y no pagar los derechos técnicos hasta después de aprobados.

Es evidente que esto no está pensado para facilitar trámite del vecino que necesita ampliar una pieza porque se le agrandó la familia. Cómo no ver que el no cobro de deudas y la demora en el pago de las obligaciones impositivas afecta gravemente la recaudación del Estado, con lo cual se desfinancia el sistema público y se perjudica a toda la ciudad.

Punto 3: proponen que no sea necesaria la factibilidad hidráulica.

El alevoso aumento del volumen ya edificado y la decuplicación de la densidad poblacional en algunos barrios, ya está produciendo problemas de infraestructura y equipamiento, por lo que si no se hacen estudios técnicos de factibilidad, esto será una condena para el futuro.

Puntos 4, 5 y 7: exigen que se reinicien los permisos de demolición, se resuelvan los expedientes demorados en la Secretaría de Planeamiento (excepciones) y se respeten los derechos adquiridos de los proyectos no aprobados con los indicadores anteriores. Sostienen que la paralización afecta el derecho de propiedad privada y genera incertidumbre en los inversores.

Casi no sería necesario ampliar, pero, debo hacerlo ya que "lo que abunda no daña" (a veces). Aquí surge descarnadamente el objetivo central de toda la presentación, que podría ser interpretado como: ¡Necesitamos zona liberada!

Los empredadores inmobiliarios no vieron con agrado que se produjera la interrupción del proceso de gentrificación que estaban produciendo a gran velocidad; por la caducidad de ciertas normas de excepción primero y por la limitación posterior a la aprobación de proyectos de demolición de chalet para construir torres (edificios en altura, no necesariamente de perímetro libre), como respuesta a la incipiente oposición y queja vecinal y probablemente por una clara especulación electoral.

Ahora están preocupados porque no tienen dónde poner sus excedentes de capital y que el Estado todavía no logra captar para la producción de bienes de uso.

Si las tasas de interés son bajas, o el dólar está con flotación controlada, o la crisis financiera internacional paró la venta de bonos e hipotecas subprime, entonces el resguardo lo buscarán en la especulación inmobiliaria, conformando barrios con edificios deshabitados.

Plantean jerarquizar y reactivar el Plan Estratégico Municipal (PEM), potenciando los aportes de recursos, por supuesto desde el Estado.

Creo que no es necesario agregar mucho más, ya que "a confesión de parte, relevo de pruebas". Por si no estuviera claro: este planteo surge desde los dueños del PEM. Ellos propusieron, avalaron y desarrollaron los 4 ejes para el cambio: Innovación y empleo; Inclusión social; Equilibrio urbanístico y Transformación municipal. ¿Lo vieron?

Estas “Fuerzas vivas” fracasaron con su diseño y con su PEM, con el que solucionaron sus problemas empresariales pero no mejoraron la ciudad ni los barrios, por lo que no deberían ser ellos los indicados para corregir nada, cuya responsabilidad aún no ha sido evaluada popularmente como debiera.

En sintonía con estas propuestas de las Fuerzas vivas -y convendría descreer de coincidencias metafísicas- el Secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad, anunció la “contratación de un equipo interdisciplinario para la revisión y actualización de los objetivos y líneas de acción para elaborar el PEM”. Nuevamente vemos como los grupos dominantes utilizan a las instituciones y al Estado para avalar y reproducir su ideología dominante.

Con esta propuesta de planificación urbana, creo que se repiten las políticas que nos han traído hasta el lugar dónde estamos. En términos jurídicos podríamos decir que estamos en presencia de "la doctrina del fruto del árbol envenenado": se parte de supuestos y preguntas falaces (la experiencia lo ha demostrado), por lo que las conclusiones y propuestas también lo serán. La ciudad no es una mercancía, tampoco es una empresa cuyo fin deba ser generar empresas.

Así nos está yendo con estas ideas desde que se elaboró el PEM entre 2002 y 2011: los índices de desempleo aumentaron; las condiciones y calidad de vida en los barrios no mejoró y el déficit financiero municipal se mantiene en el tiempo.

Sin decirlo abiertamente caen -otra vez- en una planificación centralizada, vertical y desde arriba hacia abajo, como los pozos. Le temen a otras formas, que podrían crecer como las plantas, o como las obras de construcción, o sea "desde el pie", desde abajo hacia arriba.

Esto se destaca cuando hablan del necesario consenso, porque ponen en primer término a los técnicos y profesionales de la industria de la construcción inmobiliaria, funcionarios e inversores, o sea: ¡las Fuerzas Vivas! Pero guardan las formas mencionando luego los vecinos.

Volverán a describir una realidad para justificar un urbanismo ex post facto, esto es, a partir de la teoría de los hechos consumados, intentarán avanzar en políticas que beneficien a determinados grupos económicos, sin importar si en el proceso se destruye el patrimonio cultural o el mundo cotidiano de los vecinos; hasta tal vez repitan aquello de la teoría del derrame.

¿Para qué un Plan Estratégico Municipal? ¿A quiénes debe estar dirigido? ¿Cuáles debieran ser sus objetivos y prácticas?

Los resultados del PEM actual están a la vista: una ciudad cada vez más cara con poblaciones expulsadas a la periferia y situaciones de exclusión social.
Creo que es necesario “invertir la carga de la prueba”.

El cambio está en el ejercicio pleno de la ciudadanía, son las y los usuarios de la ciudad: trabajadores, organizaciones sociales, desempleados, intelectuales, jubilados, niños, discapacitados, los que deben decidir y ejecutar.

La metamorfosis urbana debe partir de un urbanismo social, a partir del rol de la función social de la propiedad y la ciudad.
El uso socialmente justo y sustentable del espacio público, recuperando plusvalías, produciendo suelo urbano y destinando la mayor cantidad de recursos para rehabilitar los barrios más postergados, desprotegidos y con situaciones de vulnerabilidad, para cambiar las condiciones de vida de los vecinos.

Tenemos Derecho a tener Derechos y a resistir el Derecho.

Tenemos la oportunidad de trabajar por la conquista del Derecho a la Ciudad y por la Reforma Urbana.

“Después del miedo está la libertad”.

Eduardo J. Layús

Arquitecto - Vecinalista

La Capital - 03-Sep-2011

Profesionales de la construcción cuestionan a la Municipalidad por los procedimientos que aplica

Entre otras cosas, le exigen que descongestione el actual sistema técnico administrativo. Reclaman asimismo que se derogue el decreto del HCD que prorrogó por 60 días la ordenanza que suspendió la emisión de permisos de demolición.

En conferencia de prensa, los titulares del Colegio de Arquitectos (Carlos Ronda), del Colegio de Técnicos (Karina Forgione) y del Centro de Constructores y Anexos (Norberto Cánepa) explicaron ayer los motivos por los cuales, en nombre de los matriculados y/o afiliados a esas entidades, presentaron al intendente municipal (Gustavo Pulti) un escrito en el que le plantean una serie de puntos vinculados a la industria de la construcción que, según dijeron, está viviendo una preocupante situación en Mar del Plata. En el texto se adjudica a problemas de fondo y de forma, en ese orden, las dificultades que atañen al funcionamiento político administrativo de la Municipalidad en relación a la construcción en la ciudad. Acerca de los primeros se expresa que "sabemos que la compleja estructura que debiera garantizar la articulación de intereses de diferentes sectores en pos de una planificación urbana integral, decididamente liderada por el Municipio, y el deficiente procedimiento administrativo, representan los puntos centrales de una problemática cuya resolución requiere implementar acciones a mediano y largo plazo". Posteriormente se advierte que "mientras ese proceso se desarrolla, existe una crítica coyuntura que demanda ser atendida en pos de mitigar los claros perjuicios que tanto los profesionales, comitentes, trabajadores, empresas contratistas, inversores y comerciantes padecen en forma cotidiana".

Planificación urbana integral

Al hacer referencia a los aspectos que hacen a la planificación urbana integral, consideran necesario que la administración comunal -entre otras- implemente las siguientes acciones:

a) Jerarquizar y reactivar el plan estratégico municipal, asumiendo el liderazgo político necesario y dotándolo de recursos técnicos, administrativos y económicos que garanticen su funcionamiento y capacidad real de gestión.

b) Revisar y actualizar el Código de Ordenamiento Territorial, en el marco del plan de Gestión Territorial. En ese sentido se propone: conformar un equipo técnico interdisciplinario para trabajar en el COT según lo establecido en la ordenanza Nº 20.437 y en el protocolo de intención interinstitucional suscripto por la FAUD, MGP, CCyA y Capba, celebrando el correspondiente convenio específico para la determinación de modalidades de trabajo, plazos, requerimientos, etc. Asimismo, garantizar instancias de participación para las instituciones firmantes en la planificación y modificaciones del COT, a efectos de aportar una mirada externa fundada en la experiencia del ejercicio profesional y la construcción de la ciudad.

c) Revisar y actualizar la ordenanza Nº 6.697, reglamento general de construcciones, algo para lo cual se propone conformar un equipo interdisciplinario para trabajar la compilación, revisión y actualización del mismo, transformándolo en una herramienta normativa, moderna, ágil y dinámica.

d) Convocar la conformación de la comisión honorífica del patrimonio prevista en la ordenanza Nº 10.075 a efectos de formalizar un espacio de trabajo interdisciplinario para la generación de medidas y acciones que permitan tener una política de protección del patrimonio con una visión integral de la temática.

En cuanto a las formas o medios destinados a garantizar el abordaje de proyectos de diferentes escalas y procedimientos en distintas áreas de la administración pública, el texto expresa que "indudablemente son menester del municipio, pero requieren del consenso previo con los diferentes actores involucrados".

Medidas urgentes

En su presentación, los titulares de las diferentes entidades aclararon que no obstante el detalle antes enunciado de temas estructurales a trabajar y abordar entre el Municipio y las instituciones firmantes, ven que es necesario y urgente atender esta coyuntura deficitaria para descongestionar el sistema técnico administrativo existente, por lo que solicitan:

1) Trasladar el requerimiento de libre deuda previsto en el artículo 14 de la ordenanza fiscal a la instancia posterior al control técnico, eliminando del inicio del trámite ese requisito. Acerca de este punto se aclara que esto debería tender, en una segunda etapa, a ser gestionado por alcance del expediente conformado o por expediente separado, deslindando la gestión profesional de esta demanda fiscal del Municipio.

2) Apoyar el proyecto de inicio automático de obra presentado por los Colegios profesionales de Técnicos y Arquitectos para sancionar la correspondiente ordenanza.

3) Implementar el cobro de la tasa de servicios técnicos prevista para el tratamiento de obras a construir (demoliciones, obra nueva, ampliaciones, etc.) en la instancia posterior al control técnico, esto es, efectivizar el cobro con la tarea hecha y no a cuenta de la prestación de un servicio no realizado.

4) Derogar el decreto del HCD que prorroga por 60 días la ordenanza Nº 20.263 mediante la cual se suspendió la emisión de permisos de demolición.

5) Resolver a la brevedad todos los expedientes en trámite en la Secretaría de Planeamiento y la Dirección de Obras Privadas que en su faz técnica puedan ser resueltos.

6) Anular la solicitud del certificado de factibilidad de Obras Sanitarias para zonas consolidadas de alta, media y baja densidad cuya solicitud de construcción no supere los indicadores previstos en la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial.

7) Garantizar el respeto de los derechos adquiridos involucrados en los proyectos presentados que aún no fueron aprobados.

Los reclamos de las cámaras de la construcción: la hora del destete

Parece una paradoja, pero el Centro de Constructores demanda que se le permita destruir. Mas allá de la humorada, resulta muy claro que tanto ésta como la mayoría de las agrupaciones que supuestamente fomentan la construcción en nuestra ciudad ya no son –si alguna vez lo fueron- nobles instituciones al servicio de la comunidad, sino entidades al servicio del lobby con fines evidentemente económicos y una avaricia ilimitada.

Hoy en día, parece que el problema es que existe una norma, aparentemente arbitraria, que les impide demoler propiedades para continuar con una incontenible destrucción de la identidad de la ciudad.

Aunque los reclamantes sostengan la importancia de cuidar el patrimonio. La pregunta es ¿cómo se puede cuidar el patrimonio demoliendo el propio patrimonio?

Es cierto que mas allá de que el común de la gente desconoce cuáles propiedades son "de interés patrimonial", está claro que "cuidar el patrimonio" implica no destruir la identidad de la ciudad

Porque – no vamos a pecar de ingenuos- a nadie de estas camarillas lobbystas les interesa el señor que quiere ampliar una habitación para su hijo, ni demoler un chalet venido abajo para construir allí otro chalet de estilo moderno, menos refinado estéticamente, pero chalet al fin, sino el pertinaz reemplazo de todas las construcciones que dan identidad a esta ciudad por insulsos edificios que, además nos quitan la posibilidad de gozar de nuestras casas, de nuestras calles, de nuestras vistas, nuestro asoleamiento y de nuestra forma de vida.

A ese robo, estos señores lo llaman “progreso” y creen que la misma palabra es un pasaporte a la impunidad edilicia.

Porque no son las torres las que definen a una ciudad, sino los espacios que tradicionalmente se han transformado en “lugares de todos”. Un edificio de departamentos en Mar del Plata, o en Barcelona, o en Shangai es prácticamente idéntico. Lo que define a una ciudad son aquellos espacios que sus pobladores han hecho suyos, y son esos espacios los que el poder político de la ciudad debe defender en tanto dan la característica identitaria a la misma, que nos diferenciemos de Barcelona o de Shangai.

Pero vayamos a hechos concretos que al parecer, para las cámaras de la construcción pasan desapercibidos.

Suelen hablar, los personeros de estas entidades, de un “gran crecimiento” de la población marplatense: el último censo, realizado en 2010 dio como resultado que somos 618.989 habitantes en todo el Partido de General Pueyrredon, mientras que el censo anterior, que data de 2001, arrojó la cifra de 564.056 habitantes. Apenas un 9,7 % de crecimiento vegetativo. 54.937 habitantes de mas que representan 37 habitantes más por kilómetro cuadrado en todo el partido ¿Eso justifica y hace imprescindible llenar la ciudad de torres capaces de albergar en un mínimo espacio diez veces esa cantidad?

Hablan también de un “éxodo” por motivos de seguridad desde las casas a los edificios de departamentos, como si este éxodo dejara a los chalets vacíos dado un supuesto “miedo reinante” ante el cual el rol de una institución que busca una ciudad mejor debería ser muy distinto. Sin embargo, para que esa familia que vende su casa para ir a un departamento pueda hacerlo, hace falta otra familia o persona que adquiera la casa que el primero vende. No hay éxodo posible, sólo un intercambio de viviendas en el que la primera siempre queda ocupada.

Igualmente, estas entidades se han mantenido en silencio en momentos en que el juego estaba a su favor, cuando, merced a una ordenanza transitoria del año 2002 , se les permitió construir un 30% de mas en toda la ciudad, con el objetivo de incentivar no sus negocios, sino el empleo en el sector de la construcción. La ordenanza transitoria rigió, gracias a sucesivas enmiendas, hasta el 31 de enero del presente 2011. Una ventaja que sin duda fue aprovechada durante casi diez años por las empresas que estos mismos personeros manejan, la cual les permitió hacerse de ganancias impensadas, pero no son capaces de tolerar una suspensión de las demoliciones de apenas unos meses.

Si cualquier mortal obtiene un adelanto de sueldo de un 30 % durante diez años ¿no es justo que durante los siguientes diez años gane un 30 % menos para devolver ese adelanto?

Con respecto a las demoliciones, acaso la prohibición de éstas sea un tanto arbitraria, pero nada dicen las cámaras del sector que esta prohibición devino de la proliferación de demoliciones  iniciadas clandestinamente, durante fines de semana largos y desde bien adentro de las propiedades a demoler, de modo de no llamar la atención de los vecinos preocupados por temas patrimoniales, con personal que tal vez ni siquiera esté registrado en la ciudad, cuya idoneidad desconocemos y llevado a cabo impunemente, buscando ganar tiempo hasta arrancarles a las autoridades un permiso ante la evidencia de que la propiedad atacada ya es irrecuperable. Nunca estas cámaras lanzaron públicas condenas a los colegas que se desempeñaron de estas formas, ni dieron conferencias de prensa para criticar el mal accionar de los profesionales del sector. Peor aún, reclaman un inicio de obras "automático" que no hará mas que acrecentar esta situación, sin que los vecinos podamos al menos tener una constancia de que la demolición está debidamente autorizada.

Pero vayamos al mito según el cual la construcción es la “madre de todas las actividades”. Las recientes cifras establecen que el desempleo en nuestro municipio, aún con todas las ventajas que se le ha dado a la industria de la construcción durante años, supera en más de un cincuenta por ciento a la cifra media nacional. Evidentemente algo falló, y quienes tienen que velar por resolver el drama del desempleo, acaso sean parte del mismo problema.

De la misma forma, desde el poder político también se han evidenciado errores, ya que delegar la facultad de generar empleo en sórdidas empresas privadas que se manejan siempre al margen de la ley o tratando de obtener ventajas de las normas en lugar de ceñirse a las mismas, es al menos, temerario.

Porque fue en el ámbito de la construcción en donde se han detectado serias irregularidades en materia de seguridad en obras, que han resultado en muertes de obreros del sector, una de ellos en una obra del mismísimo colegio de martilleros, y hasta del transeúnte Juan Carlos Stebelski, hecho que roza a muchos de los que suelen demandar ventajas a favor del sector.

Pero en el discurso de las cámaras, además de la propia victimización, abundan los reclamos de ventajas, incentivos, tramitación rápida, patente de corso, etc. para los cuales, siempre se deben formar “ámbitos de discusión” que incluyen inexorablemente a quienes manejan estas agrupaciones como si su aporte ayudara en algo a esta comunidad, pero excluyen deliberadamente al vecino común. En todo momento, el vecino es el gran ausente en sus utopías. Como si hubieran pensado una ciudad sin gente. Para ellos, el ámbito de discusión siempre debe ser entre técnicos, entre supuestos  idóneos, entre convidados de piedra, pero nunca figura en estos ámbitos el contribuyente al que se perjudica con el accionar de una construcción que no lo identifica.

Se pide una urgente reforma del Código de Ordenamiento Territorial, y se aduce que éste es obsoleto por que tiene “30 años”. Si así fuera, si todo lo que tiene al menos 30 años y sólo por tenerlos fuera obsoleto, muchos de los dirigentes de la construcción, que manejan un sistema de ideas aún más antiguo que los 30 años del C.O.T. deberían pensar en un dscreto retiro. Pero sorprende enterarse que la supuesta decrepitud de la norma, la razón que la torna desactualizada, ¡sólo responde a la imposibilidad de generar nuevos negocios para estos señores!. Y tal parece que el objetivo de una norma es ser siempre elástica a los negocios, pero rígida en cuanto a la participación del vecino que se queja de la proliferación de edificios en barrios que tradicionalmente se han desarrollado en baja altura.

Porque no tiene ningún sentido decir cínicamente que “las edificaciones hechas en un cierto sector se hicieron respetando las normas vigentes” si estas normas vigentes han sido conseguidas a través de la presión al legislativo y puenteando e ignorando la opinión de los vecinos a quienes siempre se nos trata como a una chusma exaltada.

Es decir, el mismo procedimiento que ha generado esta respuesta.

Pero peor aún, se es más cobarde cuando luego de años de haber obtenido todo tipo de ventajas y privilegios, el no obtener una norma desencadena esta táctica del berrinche de nene destetado como único patético accionar.

Porque nada dicen estas cámaras cuando obtienen aún sobre la normativa vigente, aún sobre las ventajas ya obtenidas, excepciones para construir en lugares donde no está permitido.

¿De qué seguridad jurídica goza el vecino común que vive en un sector donde no se pueden levantar edificios o cerca de algún bien patrimonial si estas cámaras con el sólo capricho del negocio personal, y aduciendo la antigüedad de una norma logran modificar las reglas que se suponían férreamente establecidas? ¿Qué seguridad tenemos de que en pocos años, todas las zonas de casas bajas de la ciudad, aún con indicadores urbanísiticos restrictivos, no sean arrasadas en pos de que unos pocos dirigentes se llenen de dinero con la mentira de que el edificio es la única y universal instancia superadora del chalet?

Dicho sea de paso, uno de los mas notorios dirigentes de estas cámaras ha logrado recientemente una de estas excepciones para construir una torre en la calle Alvarado número 73, decreto 1606, cuyo iniciador fue el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Arquitecto Marcelo Artime, y su título es "Modificando el artículo 2º de la Ordenanza nº 19605 por la cual se incrementaron en un 30% hasta el día 31 de enero de 2011 los indicadores urbanísticos", firmado por el Intendente Pulti.

Tampoco está bien que se diga que se respetan las construcciones “de interés patrimonial” cuando se arruina persistentemente el entorno de estas construcciones y que también ha sido determinante para que esa propiedad se construya en ese lugar. Una ciudad turística no debe tener focos “de interés patrimonial”, sino áreas enteras y acaso la ciudad toda. Que la construcción –llamémosla moderna- se realice en lugares alejados de todo interés patrimonial y/o turístico, y se transforme en un interés por sí mismo, y que no sepulte la historia del resto de la ciudad.

Por si no quedó claro, se trata de dinero, no de otra cosa. La ciudad entregada al interés de unos pocos.

Tal vez este accionar de pretensiones mesiánicas se acabó. Tal vez la teta del muncipio proveedor ya no da mas leche, como la paciencia de los tantos vecinos que salimos a reclamar a las calles y a los que mas irritan cuanto más ignoran. En este caso, es de esperar que, mas que conferencias de prensa y declaraciones agresivas, las cámaras del sector de la construcción acompañen a la sociedad en este momento y adopten una posición de mayor respeto por la misma, que ya no patoteen, que ya no emplacen al poder legítimo, y al mismo tiempo que den un silencioso paso al costado.

Porque si en esta sociedad, los vecinos  no vamos a tener el derecho a opinar y definir el lugar en el que queremos vivir, mucho menos deben tenerlo los grupetes de individuos que, apoyándose en la cursada de una carrera se arrogan el derecho a la opinión calificada, como si hubiera ciudadanos de primera y de segunda.

Durante años han gozado del reparto de adjudicaciones de obra pública que muy buenos dineros han llevado a sus arcas, sin embargo, el ninguneo hacia el vecino los ha llevado a ignorar ostensiblemente a las miles de familias marplatenses que no pueden llegar a la primera vivienda, un mercado sin duda promisorio que, al no ser ABC1, al no permitirles llevarse dineros en volquetes, sino apenas en bolsillos, no les importa en absoluto.

Y encima pretenden que un proyecto aún no aprobado, que todavía es un simple papel, algo abstracto, tenga "derechos adquiridos".

Porque no tiene sentido mostrarse felices por incorporar a la ciudad la "obra" de un arquitecto famoso si quienes lo hacen, antes demolieron otras obras de arquitectos aún mucho mas prestigiosos y con un verdadero arraigo en la sociedad.

Por eso, tal vez estemos ante un momento clave en el que todos los marplatenses tengamos la oportunidad de decidir en qué ciudad queremos vivir. Que todos podamos opinar por el barrio en el que vivimos y destinemos a estas megaconstrucciones a algún lugar específico o a ninguno dentro del ámbito del Partido de General Pueyrredon. Pero con la opinión de todos, no permitiendo que estas decisiones se tomen en un marco cerrado, en alguna sede de estas mismas agrupaciones que hoy demandan privilegios y entre las mismas cinco personas de siempre y de dudosa condición moral.

Basta de que los vecinos de esta ciudad quedemos afuera de las decisiones y seamos meros espectadores del desarrollo de nuestros propios barrios.

Tal vez sea el momento en que podamos decidir, como suele decir uno de estos dirigentes, haciendo gala de su supina ignorancia, si "queremos la Mar del Plata pujante o la Mar del Plata de los chalets”, sin advertir que la Mar del Plata pujante era la de los chalets, no la de la Avenida Colón sepultada bajo el cemento, ni la de la calle Sarmiento arruinada con  obras en construcción, ni la de la costa a imagen y semejanza de decadentes ciudades norteamericanas.