Y siguen las presiones, por el Arq. Eduardo Layús

En su poema Herencia pa´ un hijo gaucho", José Larralde dice: "No entiendo porque ha de haber tanta cosa que no entiendo. Porque se vive sabiendo que nunca se ha de saber.”

Los Colegios profesionales junto al Centro de Constructores, en conferencia de prensa reproducida al final de ésta, proponen y le exigen al gobierno municipal siete medidas urgentes para mejorar los mecanismos de aprobación de los expedientes de construcción. Entre éstos, según mi interpretación, se filtran otros objetivos, para nada gremiales.

¿Por qué lo hacen? ¿Responden a otros intereses, o son funcionales a ellos?

Puntos 1 y 6: proponen que los expedientes se inicien sin el control de deudas de los titulares de dominio y no pagar los derechos técnicos hasta después de aprobados.

Es evidente que esto no está pensado para facilitar trámite del vecino que necesita ampliar una pieza porque se le agrandó la familia. Cómo no ver que el no cobro de deudas y la demora en el pago de las obligaciones impositivas afecta gravemente la recaudación del Estado, con lo cual se desfinancia el sistema público y se perjudica a toda la ciudad.

Punto 3: proponen que no sea necesaria la factibilidad hidráulica.

El alevoso aumento del volumen ya edificado y la decuplicación de la densidad poblacional en algunos barrios, ya está produciendo problemas de infraestructura y equipamiento, por lo que si no se hacen estudios técnicos de factibilidad, esto será una condena para el futuro.

Puntos 4, 5 y 7: exigen que se reinicien los permisos de demolición, se resuelvan los expedientes demorados en la Secretaría de Planeamiento (excepciones) y se respeten los derechos adquiridos de los proyectos no aprobados con los indicadores anteriores. Sostienen que la paralización afecta el derecho de propiedad privada y genera incertidumbre en los inversores.

Casi no sería necesario ampliar, pero, debo hacerlo ya que "lo que abunda no daña" (a veces). Aquí surge descarnadamente el objetivo central de toda la presentación, que podría ser interpretado como: ¡Necesitamos zona liberada!

Los empredadores inmobiliarios no vieron con agrado que se produjera la interrupción del proceso de gentrificación que estaban produciendo a gran velocidad; por la caducidad de ciertas normas de excepción primero y por la limitación posterior a la aprobación de proyectos de demolición de chalet para construir torres (edificios en altura, no necesariamente de perímetro libre), como respuesta a la incipiente oposición y queja vecinal y probablemente por una clara especulación electoral.

Ahora están preocupados porque no tienen dónde poner sus excedentes de capital y que el Estado todavía no logra captar para la producción de bienes de uso.

Si las tasas de interés son bajas, o el dólar está con flotación controlada, o la crisis financiera internacional paró la venta de bonos e hipotecas subprime, entonces el resguardo lo buscarán en la especulación inmobiliaria, conformando barrios con edificios deshabitados.

Plantean jerarquizar y reactivar el Plan Estratégico Municipal (PEM), potenciando los aportes de recursos, por supuesto desde el Estado.

Creo que no es necesario agregar mucho más, ya que "a confesión de parte, relevo de pruebas". Por si no estuviera claro: este planteo surge desde los dueños del PEM. Ellos propusieron, avalaron y desarrollaron los 4 ejes para el cambio: Innovación y empleo; Inclusión social; Equilibrio urbanístico y Transformación municipal. ¿Lo vieron?

Estas “Fuerzas vivas” fracasaron con su diseño y con su PEM, con el que solucionaron sus problemas empresariales pero no mejoraron la ciudad ni los barrios, por lo que no deberían ser ellos los indicados para corregir nada, cuya responsabilidad aún no ha sido evaluada popularmente como debiera.

En sintonía con estas propuestas de las Fuerzas vivas -y convendría descreer de coincidencias metafísicas- el Secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad, anunció la “contratación de un equipo interdisciplinario para la revisión y actualización de los objetivos y líneas de acción para elaborar el PEM”. Nuevamente vemos como los grupos dominantes utilizan a las instituciones y al Estado para avalar y reproducir su ideología dominante.

Con esta propuesta de planificación urbana, creo que se repiten las políticas que nos han traído hasta el lugar dónde estamos. En términos jurídicos podríamos decir que estamos en presencia de "la doctrina del fruto del árbol envenenado": se parte de supuestos y preguntas falaces (la experiencia lo ha demostrado), por lo que las conclusiones y propuestas también lo serán. La ciudad no es una mercancía, tampoco es una empresa cuyo fin deba ser generar empresas.

Así nos está yendo con estas ideas desde que se elaboró el PEM entre 2002 y 2011: los índices de desempleo aumentaron; las condiciones y calidad de vida en los barrios no mejoró y el déficit financiero municipal se mantiene en el tiempo.

Sin decirlo abiertamente caen -otra vez- en una planificación centralizada, vertical y desde arriba hacia abajo, como los pozos. Le temen a otras formas, que podrían crecer como las plantas, o como las obras de construcción, o sea "desde el pie", desde abajo hacia arriba.

Esto se destaca cuando hablan del necesario consenso, porque ponen en primer término a los técnicos y profesionales de la industria de la construcción inmobiliaria, funcionarios e inversores, o sea: ¡las Fuerzas Vivas! Pero guardan las formas mencionando luego los vecinos.

Volverán a describir una realidad para justificar un urbanismo ex post facto, esto es, a partir de la teoría de los hechos consumados, intentarán avanzar en políticas que beneficien a determinados grupos económicos, sin importar si en el proceso se destruye el patrimonio cultural o el mundo cotidiano de los vecinos; hasta tal vez repitan aquello de la teoría del derrame.

¿Para qué un Plan Estratégico Municipal? ¿A quiénes debe estar dirigido? ¿Cuáles debieran ser sus objetivos y prácticas?

Los resultados del PEM actual están a la vista: una ciudad cada vez más cara con poblaciones expulsadas a la periferia y situaciones de exclusión social.
Creo que es necesario “invertir la carga de la prueba”.

El cambio está en el ejercicio pleno de la ciudadanía, son las y los usuarios de la ciudad: trabajadores, organizaciones sociales, desempleados, intelectuales, jubilados, niños, discapacitados, los que deben decidir y ejecutar.

La metamorfosis urbana debe partir de un urbanismo social, a partir del rol de la función social de la propiedad y la ciudad.
El uso socialmente justo y sustentable del espacio público, recuperando plusvalías, produciendo suelo urbano y destinando la mayor cantidad de recursos para rehabilitar los barrios más postergados, desprotegidos y con situaciones de vulnerabilidad, para cambiar las condiciones de vida de los vecinos.

Tenemos Derecho a tener Derechos y a resistir el Derecho.

Tenemos la oportunidad de trabajar por la conquista del Derecho a la Ciudad y por la Reforma Urbana.

“Después del miedo está la libertad”.

Eduardo J. Layús

Arquitecto - Vecinalista

La Capital - 03-Sep-2011

Profesionales de la construcción cuestionan a la Municipalidad por los procedimientos que aplica

Entre otras cosas, le exigen que descongestione el actual sistema técnico administrativo. Reclaman asimismo que se derogue el decreto del HCD que prorrogó por 60 días la ordenanza que suspendió la emisión de permisos de demolición.

En conferencia de prensa, los titulares del Colegio de Arquitectos (Carlos Ronda), del Colegio de Técnicos (Karina Forgione) y del Centro de Constructores y Anexos (Norberto Cánepa) explicaron ayer los motivos por los cuales, en nombre de los matriculados y/o afiliados a esas entidades, presentaron al intendente municipal (Gustavo Pulti) un escrito en el que le plantean una serie de puntos vinculados a la industria de la construcción que, según dijeron, está viviendo una preocupante situación en Mar del Plata. En el texto se adjudica a problemas de fondo y de forma, en ese orden, las dificultades que atañen al funcionamiento político administrativo de la Municipalidad en relación a la construcción en la ciudad. Acerca de los primeros se expresa que "sabemos que la compleja estructura que debiera garantizar la articulación de intereses de diferentes sectores en pos de una planificación urbana integral, decididamente liderada por el Municipio, y el deficiente procedimiento administrativo, representan los puntos centrales de una problemática cuya resolución requiere implementar acciones a mediano y largo plazo". Posteriormente se advierte que "mientras ese proceso se desarrolla, existe una crítica coyuntura que demanda ser atendida en pos de mitigar los claros perjuicios que tanto los profesionales, comitentes, trabajadores, empresas contratistas, inversores y comerciantes padecen en forma cotidiana".

Planificación urbana integral

Al hacer referencia a los aspectos que hacen a la planificación urbana integral, consideran necesario que la administración comunal -entre otras- implemente las siguientes acciones:

a) Jerarquizar y reactivar el plan estratégico municipal, asumiendo el liderazgo político necesario y dotándolo de recursos técnicos, administrativos y económicos que garanticen su funcionamiento y capacidad real de gestión.

b) Revisar y actualizar el Código de Ordenamiento Territorial, en el marco del plan de Gestión Territorial. En ese sentido se propone: conformar un equipo técnico interdisciplinario para trabajar en el COT según lo establecido en la ordenanza Nº 20.437 y en el protocolo de intención interinstitucional suscripto por la FAUD, MGP, CCyA y Capba, celebrando el correspondiente convenio específico para la determinación de modalidades de trabajo, plazos, requerimientos, etc. Asimismo, garantizar instancias de participación para las instituciones firmantes en la planificación y modificaciones del COT, a efectos de aportar una mirada externa fundada en la experiencia del ejercicio profesional y la construcción de la ciudad.

c) Revisar y actualizar la ordenanza Nº 6.697, reglamento general de construcciones, algo para lo cual se propone conformar un equipo interdisciplinario para trabajar la compilación, revisión y actualización del mismo, transformándolo en una herramienta normativa, moderna, ágil y dinámica.

d) Convocar la conformación de la comisión honorífica del patrimonio prevista en la ordenanza Nº 10.075 a efectos de formalizar un espacio de trabajo interdisciplinario para la generación de medidas y acciones que permitan tener una política de protección del patrimonio con una visión integral de la temática.

En cuanto a las formas o medios destinados a garantizar el abordaje de proyectos de diferentes escalas y procedimientos en distintas áreas de la administración pública, el texto expresa que "indudablemente son menester del municipio, pero requieren del consenso previo con los diferentes actores involucrados".

Medidas urgentes

En su presentación, los titulares de las diferentes entidades aclararon que no obstante el detalle antes enunciado de temas estructurales a trabajar y abordar entre el Municipio y las instituciones firmantes, ven que es necesario y urgente atender esta coyuntura deficitaria para descongestionar el sistema técnico administrativo existente, por lo que solicitan:

1) Trasladar el requerimiento de libre deuda previsto en el artículo 14 de la ordenanza fiscal a la instancia posterior al control técnico, eliminando del inicio del trámite ese requisito. Acerca de este punto se aclara que esto debería tender, en una segunda etapa, a ser gestionado por alcance del expediente conformado o por expediente separado, deslindando la gestión profesional de esta demanda fiscal del Municipio.

2) Apoyar el proyecto de inicio automático de obra presentado por los Colegios profesionales de Técnicos y Arquitectos para sancionar la correspondiente ordenanza.

3) Implementar el cobro de la tasa de servicios técnicos prevista para el tratamiento de obras a construir (demoliciones, obra nueva, ampliaciones, etc.) en la instancia posterior al control técnico, esto es, efectivizar el cobro con la tarea hecha y no a cuenta de la prestación de un servicio no realizado.

4) Derogar el decreto del HCD que prorroga por 60 días la ordenanza Nº 20.263 mediante la cual se suspendió la emisión de permisos de demolición.

5) Resolver a la brevedad todos los expedientes en trámite en la Secretaría de Planeamiento y la Dirección de Obras Privadas que en su faz técnica puedan ser resueltos.

6) Anular la solicitud del certificado de factibilidad de Obras Sanitarias para zonas consolidadas de alta, media y baja densidad cuya solicitud de construcción no supere los indicadores previstos en la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial.

7) Garantizar el respeto de los derechos adquiridos involucrados en los proyectos presentados que aún no fueron aprobados.