La "ley" que permite construir mas de lo autorizado, ¡es un decreto de la dictadura!

Imperdible nota de José Luis Jacobo a Norberto Cánepa, presidente del Centro de Constructores y compañero de andanzas de Palópoli. La estamos desmenuzando para comentar aquí. Por cierto, Jacobo no le preguntó a Cánepa sobre el desempeño de Palópoli como presidente de una empresa constructora que no guardó las debidas medidas de seguridad. Suponemos que lo hará en otra oportunidad. Pero vamos a destacar un párrafo en el que Jacobo le hace una larga pregunta que desemboca en esta síntesis:
J.: "-(...) Después surge el otro tema: ¿porqué un edificio en Mar del Plata que tiene planos presentados de 8 pisos o de 10, termina siendo de 10 o de 12? ¿Cómo juega ahí la legislación?-"
Cánepa: "-No...la legislación...hay limitantes en cuanto a las alturas que a veces tienen que ver si están en el sector costero con una limitante que es el cono de sombra. O sea, las sombras que arrojen estos edificios sobre sectores de la playa en determinados momentos del año. Es una situación un tanto compleja. Pero...en realidad la ley 8912, que se puso en vigencia allá por el año 1978 en realidad premia a cuanto más espacio libre dejás en los terrenos (...)-"
Buenísimo el dato de la ley 8912, pero por la fecha, por hablar de "entrada en vigencia" y no de "promulgación", nos llamó la atención. Así que ¡fuimos a buscarla! Y grande fue nuestra sorpresa al saber que la "ley" 8912 es en realidad un "decreto ley" de la dictadura militar. Al igual que la hasta hace poco vigente ley de medios, motivo por el cual se buscó su derogación denodadamente. Es llamativo que el instrumento que puede privarnos de la identidad de nuestros barrios y de nuestras ciudades, desaparecer nuestra forma de vida, provenga de un decreto y no del últimamente tan mencionado debate, consenso y acuerdo democrático y de las instituciones de la República. De la misma manera, es preocupante que instituciones como el Centro de Constructores y otras cámaras que no dudan en reclamar cambios en las leyes y actualizaciones de las disposiciones vigentes, algunas de la misma época que el decreto, por considerarlas obsoletas, y presionan en ese sentido, ni siquiera mencionen la necesidad de que, para cambiar nuestras ciudades debamos tener un instrumento de la democracia. ¿se les habrá pasado? ¿No habrán tenido tiempo de reclamarlo en 27 años?